Participación y planes de salvaguardia: reflexiones, desafios y perspectivas

Lucas dos Santos Roque

Introducción

La Convención de 2003 ha desempeñado un importante rol en el sentido de conceder cierta unicidad al concepto de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) en todo el mundo. De hecho, aunque sea posible a los Estados Parte de la Convención realizar adaptaciones en sus definiciones, ellas siempre están relacionadas al eje de la definición establecida en la Convención[1]. Más allá de eso, la Convención fue responsable, también, de garantizar que la salvaguardia de estas manifestaciones deben siempre tener un carácter participativo. A partir de este punto si instituyó la práctica participativa como la metodología de trabajo en  este campo, también en acuerdo con la misma Convención de 2003.

Por supuesto esto se caracterizó como un avance en relación a lo practicado anteriormente, cuando los gobiernos se juzgaban los únicos responsables por el proceso de patrimonización[2] y no se les pasaba discutir la autoría de estas manifestaciones. Sin embargo, esa universalización de la idea de participación, como posibilidad única de salvaguardia del PCI puede camuflar las tensiones y conflictos inherentes a estos procesos, como una especie de panacea, donde todos los problemas se arreglan. O sea, ¿es posible promover la participación sin, no obstante, tener una estructura legal y administrativa de los órganos responsables del Patrimonio Cultural que nos garantice el soporte para nuestras acciones, o sin que los otros involucrados en el proceso de salvaguardia comprendan sus responsabilidades y derechos ni como se desarrolla un proceso participativo?

Propongo entonces, en este artículo, desnaturalizar la idea de participación, trayendo a la luz sus dificultades y tratando de profundizar las posibilidades que este tipo de práctica nos posibilita y buscando detenerme en cuales son los fondos y conocimientos (backgrounds) necesarios para efectivamente implantar procesos participativos de salvaguardia del PCI.

En primer lugar, es necesario decir que el tema de la participación en la política de salvaguardia puede ser abordado de distintas maneras: desde el punto de vista de las metodologías de fomento a la participación; de quienes son los actores que deben participar de los procesos de salvaguardia de estos bienes de naturaleza inmaterial; o de cómo construir una política que sea capaz de garantizar esta participación en un contexto de centralización política. En ese caso, opté por tratar de dos temas específicos: el de las formas de participación en las diferentes etapas de procesos de reconocimiento y salvaguardia del PCI y los mecánismos posibles y necesarios que deben ser implantados por los gobiernos

con fines de consolidación de una política de salvaguardia del PCI. 

La construcción de la noción de Patrimonio Inmaterial, análisis de las Cartas Patrimoniales de los órganos internacionales 

El análisis de los documentos oficiales, firmados internacionalmente entre organismos de preservación del Patrimonio Cultural, permite verificar que la política de salvaguardia de los bienes de naturaleza inmaterial viene juntamente con las discusiones de temas importantes para las sociedades contemporáneas, tales como diversidad cultural, biodiversidad, fortalecimiento de nuevos movimientos sociales y apertura política.

La UNESCO, en su 17a reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972, promulgó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. A los efectos de esta Convención se considera Patrimonio Cultural:

• los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,
• los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,
• los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.

No se habla en esa Convención de la necesidad de participación con el fin de garantizar la preservación de estos bienes culturales y naturales. Por otro lado, en 1982, la Declaración de México, resultado de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, consideró que “el Patrimonio Culturalde un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas”. Y propuso como medidas de salvaguardia:

• La cultura procede de la comunidad entera y a ella debe regresar. No puede ser privilegio de elites ni en cuanto a su producción ni en cuanto a sus beneficios. La democracia cultural supone la más amplia participación del individuo y la sociedad en el proceso de creación de bienes culturales, en la toma de decisiones que conciernen a la vida cultural y en la difusión y disfrute de la misma. Se trata, sobre todo, de abrir nuevos cauces a la democracia por la vía de la igualdad de oportunidades en los campos de la educación y de la cultura.

• Es preciso descentralizar la vida cultural, en lo geográfico y en lo administrativo, asegurando que las instituciones responsables conozcan mejor las preferencias, opciones y necesidades de la sociedad en materia de cultura. Es esencial, en consecuencia, multiplicar las ocasiones de diálogo entre la población y los organismos culturales.

• Un programa de democratización de la cultura obliga, en primer lugar, a la descentralización de los sitios de recreación y disfrute de las bellas artes. Una política cultural democrática hará posible el disfrute de la excelencia artística en todas las comunidades y entre toda la población.

• A fin de garantizar la participación de todos los individuos en la vida cultural, es preciso eliminar las desigualdades provenientes, entre otros, del origen y la posición social, de la educación, la nacionalidad, la edad, la lengua, el sexo, las convicciones religiosas, la salud o la pertenencia a grupos étnicos, minoritarios o marginales.

La Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular, firmada en noviembre de 1989, con motivo de la 25a reunión de UNESCO, presenta algunos aspectos importantes. En primer lugar, reconoce “la extrema fragilidad de ciertas formas de la cultura tradicional y popular y, particularmente, la de sus aspectos correspondientes a las tradiciones orales, y el peligro de que estos aspectos se pierdan”; o sea, pone en el orden del día la cuestión del riesgo a que están sometidas las prácticas culturales tradicionales.

En esta recomendación, “la cultura tradicional y popular es el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundada en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y social; las normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras artes”. Es importante percibir que aún no se habla claramente de la participación de los grupos y o comunidades, pero presenta como una de las medidas de salvaguardia la creación de “un consejo nacional de la cultura tradicional y popular sobre una base interdisciplinaria u otro organismo coordinador similar donde estén representados los diversos grupos interesados”.

La Carta de Mar del Plata, resultado de las primeras jornadas del Mercosur sobre el Patrimonio Intangible, de junio de 1997, presenta el término Patrimonio Intangible y la necesidad de salvaguardar estas manifestaciones, a través de la realización del registro documental y la catalogación de estas expresiones. En ese mismo año fue firmada, en Brasil, la Carta de Fortaleza, resultado del Encuentro de Conmemoración de los 60 años del Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), la cual estableció las directrices para la creación de instrumentos legales y administrativos para una política nacional de salvaguardia del Patrimonio Inmaterial en Brasil. Sin duda, la participación como herramienta de salvaguardia es un avance de la política de Patrimonio Inmaterial, una vez que la concentración de poder lleva a una concentración de la historia, de las políticas públicas. ¿A quienes atiende la política local? ¿Quiénes son los excluidos? Estas son preguntas hechas constantemente en nuestros Estados-nación. En ese sentido la política de Patrimonio Inmaterial permite dar la voz a grupos minoritarios (o no) que son excluidos en los países, pero que igualmente son importantes para comprender la formación de la identidad de estos mismos países.

Sin embargo, los textos de estos documentos oficiales no tratan de manera directa de cómo promover o garantizar esta participación. Hay sólo una mención a la formación de un consejo nacional de cultural tradicional. Considerando nuestros contextos políticos y sociales de dictaduras y centralización política —para citar apenas algunos aspectos—, la cuestión es ¿cómo hacerlo? ¿Cuales son los instrumentos jurídicos que nos permiten construir estas políticas participativas? ¿Cuál es la posibilidad concreta de hacer política pública en estos

¿Participación, de quién?

No es demasiado recordar que el proceso de reconocimiento de una manifestación cultural por parte del Estado —o sea, la patrimonización— o de la UNESCO, que es una construcción, cambia aspectos importantes del proceso de ejecución de dicha manifestación, en la medida que amplía su rasgo de actuación. O sea, cuando determinada referencia cultural de un grupo[3] pasa de este status al de patrimonio, implica que, más allá de la realización de procedimientos institucionales y burocráticos, se involucran otros actores que pasan al escenario de salvaguardia de dicha manifestación: representantes de distintas áreas del gobierno, instituciones privadas, y hay un proceso de llamar la atención para estas manifestaciones y su consecuente necesidad de establecer relaciones entre la comunidad y aquellos que son atraídos. En ese sentido, la noción de participación queda un tanto más amplia que cuando el Patrimonio Inmaterial era únicamente una referencia cultural para el grupo o comunidad.

Aquí se presenta una primera cuestión que es la que cuando hablamos en participación pensamos solamente en las comunidades. Sin embargo, hay un gran número de involucrados en el proceso si tratamos de la salvaguardia de estos bienes. Además, la comunidad no es una masa homogénea donde todos son iguales y participan de manera ecuánime, justa y harmónica. Al contrario, la comunidad tiene sus propias tensiones, jerarquías, disputas de poder y cuando ocurre una intervención como la de patrimonización, todos estos enfrentamientos, que estaban relativamente controlados —o por lo menos en niveles conocidos por la comunidad—, salen a la superficie. En ese sentido, el proceso de reconocimiento del patrimonio significa traer estas tensiones para el ámbito de la política pública y más que todo tratar de construir consensos. La salvaguardia se construye cotidianamente con los esfuerzos de todos y logra ser más eficaz cuando incluye estas cuestiones en los planes de salvaguardia. La actividad de salvaguardar un bien de naturaleza inmaterial es, sobretodo, el ejercicio de superar los conflictos. Estos tan dinámicos como las manifestaciones del PCI y sus portadores.

Participación: una metodología adaptativa

Se puede decir que el PCI está entre las “ciencias de lo impreciso”, concepto creado por Abram Moles, para tratar “conjuntos de conocimientos que, aunque sean perfectamente operacionales a nivel del pensamiento y de la creación, tienen definiciones bastante vagas y tampoco es útil que sean utilizadas de forma abusiva, porque una definición demasiada estrecha le saca su valor heurístico y, de hecho, le deja un vacío[4]”. Es cierto que es imposible capturar enteramente el PCI y no hay metodología ni teoría que lo haga completamente. Aunque lo intentemos exhaustivamente organizarlo en categorías, registrarlo en distintos y avanzados soportes tecnológicos, hay algo siempre que se nos escapa o cambia de sitio. Así, no hay una metodología única e inequívoca para lograr participación e implantar procesos de salvaguardia. Pero sí puede apuntar directrices a tener en cuenta en el trabajo.

Garantizar la participación comunitaria es más que hacer el rol de informante clave. Esa afirmación puede parecer obvia, pero guarda ciertos detalles que ponen en riesgo toda la noción de participación. Pienso que tenemos aquí una posibilidad de trampa metodológica: el discurso de la participación es perfecto, pero ¿cómo pasan las cosas en la práctica? Lo políticamente correcto es un peligro en ese sentido, porque es perfectamente posible maquear la realidad sin generar participación efectiva y, poner delante, la culpa de las fallas en “la naturaleza humana”.

Participación significa pasar el poder al otro. Para los miembros de la comunidad significa hacerse investigador (experto) en el proceso de inventario, participar y definir sobre las maneras de sistematización de los datos, la guarda de las informaciones generadas y cómo será hecha la divulgación. Les pregunto, a mis lectores todavía imaginarios en este momento en que escribo, quiénes de ustedes no escucharon frases del tipo: ¿La comunidad logrará hacer el trabajo de inventario con la calidad de un experto? ¿Pero vamos a poner las cámaras de foto y video en las manos de gente que no tiene conocimientos técnicos para producir buenos materiales audiovisuales? ¿Cómo vamos a presentar estos materiales sin la calidad necesaria de los órganos gubernamentales y/o UNESCO? ¿Nosotros los expertos somos los que sabemos llenar los expedientes, qué puede hacer la comunidad?

Todas estas son preguntas reales y, en un momento u otro, alguien se ha planteado algo de eso. Ellas dejan claro algunos aspectos importantes:

1. La relación de los expertos y de las comunidades son desiguales. Fingir que eso no existe, es un error que puede traer problemas al trabajo. (Y muchas veces los expertos sacan ventajas en eso.) Pues los técnicos miran a la comunidad y ven sus deficiencias, pero la comunidad también mira a los expertos y son capaces de ver lo mismo.

2. El reconocimiento o patrimonización de una manifestación del PCI es una actividad ajena a la comunidad. En ese sentido, es necesario hacerla partícipe en este proceso. Pero, más allá de eso hay que reflexionar al respecto de los procedimientos, expedientes y exigencias técnicas para textos e imágenes. ¿A quién sirven? ¿Cuál es la contribución de una bella imagen que no tuvo la participación de la comunidad para su generación en el proceso de salvaguardia? ¿Cuánto nuestros procedimientos burocráticos de reconocimiento del PCI ayudan o perjudican a la comunidad en el proceso de salvaguardia?

3. El proceso de salvaguardia depende de una estructura de gestión en la que cada uno de los involucrados asuma su rol en este proceso. Este tipo de estructura contribuye a la planificación, la división de responsabilidades y actividades y sirve como un fórum donde son tratados los asuntos principales y ejercido el derecho de participación de todos. Este último tópico remite a otra cuestión que es la posibilidad metodológica de adopción de herramientas participativas[5] en los procesos de identificación de problemas y planificación de planes de salvaguardia. Estas herramientas, utilizadas principalmente en proyectos de desarrollo ambiental y social, pueden contribuir de manera significativa para procesos de diagnóstico y planificación en el área del patrimonio inmaterial, ya que estas dos iniciativas guardan similitudes en el sentido de que están basadas en la participación comunitaria. Un ejemplo del uso de este tipo de metodología es la confección de un mapa de las manifestaciones culturales. El mapa que se presenta adelante fue producido en Mozambique, África, en uno de los procesos de capacitación llevados a cabo por la UNESCO en el ámbito del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales[6]. He conducido esta actividad en la comunidad de Chinhambudzi, la cual pertenece a la Provincia de Manica. En esta actividad los miembros de la comunidad presentaron las manifestaciones existentes en cada uno de los barrios de la comunidad. Esta actividad favoreció las discusiones entre los miembros sobre sus manifestaciones y lo que era importante ser presentado o no. Todo este proceso de reflexión genera la apropiación de los temas, sus contenidos y las metodologías en uso. Al fin del proceso la propia comunidad diseña el mapa en papel, lo cual sirve como registro de la información.

Hay otras experiencias de desarrollo de prácticas participativas en Latinoamérica llevadas a cabo por la UNESCO y los Estados Partes. Algunos ejemplos son los talleres diseñados para sitios patrimoniales de América Latina, con aportes de los Fondos Españoles del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Desde 2005 se han realizado talleres en las ciudades de Cartagena, Colombia, Panamá, Coro y La Vela en Venezuela, Valparaíso en Chile, Oaxaca, Mazatlán, Papantla y Aguascalientes, en México, así como el Santuario de Macchu Pichu en Perú[7]. Estos procesos no estuvieron enfocados únicamente en el Patrimonio Inmaterial, pero discutían aspectos de Patrimonio Material, Desarrollo Local y Planes Directores. Uno de los aportes de estos talleres fue el hecho de crear una manera holística de tratar los patrimonios culturales, sin ponerlos en cajas con rótulos. Este tipo de metodología participativa es sólo una de las posibilidades de trabajo, tal como he dicho, no hay una receta o un camino único. Al contrario, el proceso y la planificación conjunta con la comunidad y con otros actores es lo que puede definir cuáles van a ser las metodologías más apropiadas.

Participación comunitaria en diferentes momentos del proceso de salvaguardia

Los Planes de Salvaguardia implican el involucramiento de otros actores institucionales: técnicos de salud, educación, expertos de universidades o ONG’s. La pregunta que queda, entonces, es ¿desde cuándo involucrarlos?Para responder a esta pregunta, es importante, en primer lugar, decir que hay tres puertas de entrada para empezar el trabajo de identificación y salvaguardia del PCI.

1. Del general al particular – el análisis está centrada en el sitio, contexto cultural, región. Consiste en identificar la mayor cantidad posible de las referencias culturales locales, sea para fines de conocimiento e inventario o para fines de protección urgente y de salvaguardia.

2. Del particular al general – la pesquisa parte de una manifestación previamente definida. Este tipo de entrada suele estar asociada a procedimientos jurídicos o de reconocimiento por parte del gobierno o de la UNESCO. Permite profundizar las informaciones sobre dichas manifestaciones y, en consecuencia, conocer su contexto sociocultural.

3. Identificación a partir de un maestro. Independiente de la elección de cómo empezar el trabajo, su resultado debe ser la sistematización de las informaciones sobre el bien cultural y su contexto de ejecución. Más allá es otro resultado la movilización de los principales actores involucrados con la manifestación o con la región. Presento en la secuencia algunas ideas de cómo puede ser conducida la participación.

Identificación – Considero que la fase de identificación pueden ser tanto los trabajos de recopilación de información como la realización de inventarios. En ese proceso es siempre importante identificar los actores e instituciones que actúan en el local o aquellas que podrían potencialmente ser involucradas con la manifestación. Así que, cuando se inicia un proceso de inventario es deseable involucrar otras instituciones más allá de la comunidad. Si el proceso de inventario tiene una región como unidad de análisis para fines de conocimiento, no es imprescindible la participación de otras instituciones, que no la comunidad. Pero si parte de una manifestación específica, puede ser más productivo involucrar otras instituciones para participar en el proceso de identificación/inventario. Un buen ejercicio para definir quiénes son los que deben participar, es elaborar con la comunidad un Diagrama de Venn, por medio del cual es posible identificar cuáles son las instituciones y/o individuos importantes para el proceso de identificación o salvaguardia. La figura adelante presenta uno de estos ejercicios hechos en São Tomé e Príncipe, África, donde para una manifestación fueron identificados los actores y sus roles. Así, deben ser realizadas las reuniones con estos representantes en las cuales son presentados los objetivos del trabajo y la importancia de la participación de todas las instituciones, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, y el cronograma de realización de los encuentros con los miembros de la comunidad y las estrategias elegidas. Una observación importante es que involucrar a los actores en esa fase del trabajo potencializa su participación y mejora su capacidad de ejecutar acciones cuando sea necesario ejecutar el Plan de Salvaguardia. Los miembros de la comunidad, como ya se ha dicho, deben participar de todo el proceso de recolección de datos, sistematización y preparación de audiovisuales. De manera particular, la preparación de audiovisuales puede ser muy importante en el sentido de involucrar a los jóvenes, los cuales se sienten atraídos por los avances tecnológicos, y podrán reconocer nuevas maneras de involucrarse en la salvaguardia de las manifestaciones.

Registros – Considero la fase registro, aquella de reconocimiento por parte del Estado o de la UNESCO. Este proceso de formalización de una referencia cultural hacia el status de Patrimonio Inmaterial implica en una serie de procesos burocráticos, llenar expedientes y vincularse a un proceso de divulgación de las prácticas culturales. En ese momento es importante que la comunidad participe de estos procesos administrativos y que comprendan los resultados de ellos. Este es un período importante porque puede generar expectativas por parte de la comunidad, dequé tendrán resultados inmediatos y con gran capacidad para resolver los problemas vividos por ella. Sin embargo, sabemos todos, que los procesos de reconocimiento no generan cambios significativos en corto espacio de tiempo. Aunque puedan atraer visitantes para las áreas en cuestión. Justo por eso es fundamental que la comunidad comprenda, cuáles son los pasos que deberán ser dados, los resultados esperados y como estar preparados para cambios y dividir los resultados positivos, económicos o no, de manera igualitaria. Estos acuerdos necesitan estar muy claros entre todos, para que no haya problemas en el futuro.

Elaboración y ejecución de planes de salvaguardia – La elaboración y ejecución de Planes de Salvaguardia demanda la participación de los miembros de la comunidad y de otros actores institucionales en los procesos de planificación. En ese sentido es importante que estos representantes institucionales estén autorizados a hablar y planificar en nombre de su institución ya que las acciones planeadas necesitarán de recursos financieros y de tiempo de dedicación para su implantación. La realidad de la mayoría de los países en Latinoamérica es de carencia de acceso a servicios públicos, por un lado, y la indisponibilidad de recursos para implantación de acciones por parte de los técnicos de las instituciones gubernamentales. En ese contexto, las comunidades ya no creen en la posibilidad de cambio y el proceso de planificación y ejecución debe ser hecho con acciones factibles y en acuerdo con todos los involucrados, por medio del establecimiento de consensos. Otro aspecto importante es el monitoreo de las acciones planificadas. En Brasil, las manifestaciones reconocidas con el registro[8] tienen sus Planes de Salvaguardia implementados por consejos gestores, los cuales tienen el rol de acompañar el cumplimento de las actividades, entre otros.

Desafíos y perspectivas: Capacidades de los gobiernos de garantizar la participación

No se puede pensar en gestión del patrimonio inmaterial de manera aislada. Quizás sea este el desafío más importante para la implantación de una políticapública de patrimonio inmaterial: la necesidad de construir una política, en la cual sean partícipes otras áreas de la gestión pública tales como las de medio ambiente, educación, salud. En ese sentido, sí se puede hacer otra pregunta: ¿En qué medida los otros sectores del gobierno y el mismo sector de cultura están listos para conducir una política pública en estos términos, teniendo el diálogo como su base? Tenemos una larga tradición en Latinoamérica de centralización política y conducción de prácticas paternalistas en la esfera pública. Entonces, no se puede imaginar que el proceso participativo saldrá de manera tranquila, naturalmente. Nuestras instituciones carecen de experiencia en estas prácticas y el discurso políticamente correcto de la participación como forma de garantizar los derechos a las poblaciones marginadas, puede encubrir las mismas prácticas centralizadoras y poco o nada dialogadas con estas comunidades. Una de las maneras de fortalecer esta política es la promulgación de un marco legal que pueda amalgamar este tipo de gestión compartida del Patrimonio Inmaterial. La legislación es un importante artefacto de garantía de que la política va a ser cumplida. Otro aspecto importante es el hecho de que en muchos casos el manejo de la política del PCI aún está centralizado en el nivel federal y no es totalmente adoptada en los niveles provinciales y municipales. Esto puede comprometer los resultados de las acciones gubernamentales, por falta de instrumentos jurídicos que les sirvan de base. Es también la legislación que podrá establecer de manera clara instrumentos de fomento y apoyo financiero a los grupos. Este acceso a recursos financieros es fundamental en el sentido de viabilizar las prácticas de estos grupos y si no hay una política clara, establecida en ley, de cuáles son y como tener acceso a estos recursos, lo que se tiene es un proceso de favores y simpatías que conducen los procesos decisorios y que, por eso, están sujetos a los cambios gubernamentales y de poder. Es decir, sin una legislación que garantice estas reglas, la participación siempre va a estar sujeta a una serie de factores políticos y no se establecerá como participación de hecho.

Torre et al (2009)[9] presentan el status de las legislaciones de Patrimonio Inmaterial en Latinoamérica. Como esta publicación es de 2009, es probable que haya informaciones desactualizadas, aun así, creo que esas informaciones pueden dar una visión amplia de la manera como los distintos países tienen arreglada esta cuestión. El trabajo del CRESPIAL (2010), organizado por Ramón Pajuelo Teves, también menciona el avance en el ámbito de la  romulgación de legislaciones en Latinoamérica, además de apuntar el hecho de que la inexistencia de marcos legales específicos no ha impedido avances significativos en la identificación y salvaguardia del PCI en estos países. En la perspectiva con la que he trabajado en ese artículo, se puede decir que, en el ámbito de la política de Patrimonio Inmaterial y de los procesos de patrimonización, el rol de los gobiernos es actuar como mediador y crear condiciones para establecer diálogos transparentes entre los involucrados en el proceso de salvaguardia. Más allá de conducir procesos y determinar los caminos a seguir, es la función de los entes públicos responsables por la política crear las condiciones para que haya diálogo entre todas las partes interesadas. Es también asumir responsabilidades en el proceso de salvaguardia.

En esa perspectiva, el proceso de salvaguardia es, sobretodo, de manejo de conflictos y de desarrollo de acciones de fomento y sensibilización. Para eso, es fundamental contar con un aparato legal que pueda servir de base a las acciones de los entes públicos. Por otro lado, la sociedad civil y las comunidades deben comprender que los resultados van a ser tan más significativos como la involucración de todos los actores y no un acto paternalista del Estado. Por todo esto, pienso que todavía no estamos acostumbrados a eso y nuestras instituciones tampoco saben cómo conducir estas situaciones y debemos estar atentos a las más sencillas señales que nos puedan indicar que laparticipación está comprometida.

Bibliografía

CORSINO, C.M., FREIRE, M.D., ROQUE, L.S. Identificación de las manifestaciones del PCI en

sus contextos espaciales, sociales, temporales y de riesgo. Texto elaborado para el

Curso Virtual de Inventario y Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial – CRESPIAL.

CURY, Isabelle. Cartas Patrimoniais. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004.

GONÇALVES, J.R A retorica da perda – Os discursos do patrimônio cultural do Brasil. Rio de

Janeiro: Ed. UFRJ, 2002.

GONÇALVES, José Reginaldo Santos. “Ressonância, materialidade e subjetividade: as culturas

como patrimônios”. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v. 11, n. 23, p. 15-36,

2005.

MOLES, Abram. Ciências do Impreciso. Civilização Brasileira, 1995, p. 51-52.

PAJUELO TEVES, Ramón (coordinador). Experiencias y políticas de salvaguardia del Patrimonio

Cultural Inmaterial en América Latina. Cusco. Centro Regional para la Salvaguardia

del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL), 2010.

TORRE, Alfredo J. Patrimonio cultural inmaterial: conceptualización, estudio de casos, legislación

y virtualidad / Alfredo J. Torre; Jorge R. Molteni; Elvira N. Pereyra. – 1a ed. – La

Plata: Dirección Provincial de Patrimonio Cultural CePEI, 2009.

VIANNA, Letícia C. R. e SALAMA, Morena R. L. “Avaliação dos Planos e Ações de Salvaguarda

de Bens Culturais Registrados como Patrimônio Imaterial Brasileiro” in: Políticas

Culturais: pesquisa e formação/organização de Lia Calabre. – São Paulo: Itaú Cultural;

Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2012.

[1] Según la Convención de 2003, se entiende por Patrimonio Inmaterial “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas — junto con los instrtumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes— que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este Patrimonio Cultural Inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”.

[2] Entiendo el proceso de patrimonización como al acto político de reconocimiento público y, en ese sentido, de una construcción y selección desarrolladas como una prerrogativa del Estado y externos a las comunidades.

[3] Trabajo aquí con la misma noción de grupo propuesta por la Convención de 2003 de la UNESCO, a saber: “comunidades, grupos e individuos involucrados son aquellos que participan en la práctica o transmisión del elemento del PCI, o que lo consideran parte de su patrimonio cultural”.

[4] MOLES, Abram. Ciências do Impreciso. Civilização Brasileira, 1995, p. 51-52. La libre traducción del portugués al español es mía.

[5]  Hay una publicación disponible en el sitio web: http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/ E-Joventut/Recursos/Tipus%20de%20recurs/Documentacio/Internacional/ Arxiu/80_Herramientas_para_el_desarrollo_participativo.pdf, la cual presenta varias herramientas participativas utilizadas en diagnósticos participativos. Estas poseen gran posibilidad de adaptación para los diagnóstico de los bienes inmateriales.

[6] 6 “El fortalecimiento de capacidades para la implementación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) a nivel nacional goza de la máxima prioridad dentro de los programas de UNESCO, reconociendo que una implementación eficaz depende del conocimiento profundo y la comprensión de la Convención así como de sus conceptos, medidas y mecanismos. Para este fin la UNESCO ha puesto en marcha una estrategia global de fortalecimiento de capacidades, coordinada y pilotada por la Sección de Patrimonio Cultural Inmaterial, en estrecha colaboración con las Oficinas de Terreno respectivas y los Estados Miembros”. http://www.unesco. org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00326

[7] Hay distintos informes de estos procesos en la UNESCO México.

[8] 8 El decreto 3551 de 2000 “rige el proceso de reconocimiento de los bienes culturales como patrimonio inmaterial, establece el registro y, con el, el compromiso del Estado en inventariar, documentar, producir conocimiento y apoyar la dinámica de estas prácticas socioculturales”. Extraído del sitio web: http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12308&sigla=Institucional& retorno=detalheInstitucional, libre traducción mía.

[9] Patrimonio cultural inmaterial: conceptualización, estudio de casos, legislación y virtualidad. Disponible en el sitio web http://sic.conaculta.gob.mx/documentos/1257.pdf